Ésta es la liga para ver los mensajes censurados de la sección de comentarios de Youtube referentes a la consulta panista sobre matrimonios de personas del mismo sexo y adopciones (perdón por no presentarlos de otra manera)
http://docs.google.com/View?id=dgb44qjw_443dd9zgfch
jueves 21 de enero de 2010
lunes 7 de diciembre de 2009
domingo 11 de octubre de 2009
Decreto ilegal
Al Pueblo de México
Con la ilegalidad que ha distinguido a su gobierno, Felipe Calderón Hinojosa emitió un “decreto de
extinción” para Luz y Fuerza del Centro, y al mismo tiempo, para intentar liquidar a los
trabajadores electricistas que prestamos el servicio en esta empresa. Por instrucciones
presidenciales y con lujo de violencia, como en los mejores tiempos de Díaz Ordaz, la Policía
Federal Preventiva tomó por la fuerza, la noche del sábado 10 de octubre las instalaciones de
LyFC.
Los “argumentos centrales” del titular del ejecutivo para decretar la extinción de LyFC son, que
desde su creación este organismo descentralizado “no ha cesado de recibir transferencias
presupuestales cuantiosas” y que para el presente ejercicio dichas transferencias “serán del orden
de 41, 945 millones de pesos”
Asimismo, se afirma en el citado decreto, que uno de los problemas financieros de LyFC es el
porcentaje de pérdidas totales de energía, que según cálculos gubernamentales es de alrededor
del 30.6%, al mes de Junio de 2009. Como “solución” a esta situación el titular del ejecutivo
decreta la extinción de la empresa, “garantizando” el respeto a “los derechos laborales de los
trabajadores y jubilados de Luz y Fuerza del Centro”
Por la gravedad de este asunto, y por constituir un intento de golpe, no sólo a los trabajadores del
Sindicato Mexicano de Electricistas sino al Pueblo de México, quien es el verdadero propietario de
la Industria Eléctrica, nuestra organización, hace las siguientes precisiones:
LyFC, como parte del Sector Eléctrico Nacionalizado, atiende aproximadamente a más de seis
millones de usuarios en la zona central del país. Desde años atrás, el SME ha denunciado ante la
opinión pública, que de manera deliberada sucesivos gobiernos federales establecieron una
política de descapitalización de nuestra empresa, a través de diversas maniobras. Por ejemplo:
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es quien está facultada por la Ley del Servicio Público
de Energía Eléctrica, para fijar y reestructurar los precios de las tarifas eléctricas. Hacienda ha
desarrollado una política de altos subsidios a los grandes empresarios, quienes utilizan el fluido
para hacer negocio y aumentar sus altísimas ganancias. Baste mencionar que en promedio, el
Kw/hora les cuesta a los grandes empresarios 88 centavos, mientras a los usuarios domésticos que
constituyen la mayoría de consumidores en nuestro país, se les vende a 97 centavos el Kw/hora.
Esta transferencia de valor a los grandes empresarios, ha descapitalizado gravemente a LyFC, dado
que a los grandes empresarios la energía eléctrica se les vende muy por debajo de su valor real, pudiéndolo pagar a sus precio real. Este hecho, muestra la posición pro empresarial de la
Secretaria de Hacienda, en detrimento de las finanzas de una empresa pública como lo es LyFC.
En relación a las transferencias presupuestales que ha recibido LyFC, afirmamos tajantemente que
estas no son destinadas a salarios y prestaciones de los trabajadores del SME, como asegura
mentirosamente Calderón. Estas transferencias se destinan para que LyFC, compre energía
eléctrica en bloque a Comisión Federal de Electricidad (CFE), dado que desde 1975 por decisión
gubernamental, no se ha permitido que nuestra empresa creciera en capacidad de generación, y
por lo tanto, que tengamos la necesidad de comprar energía en bloque a la CFE.
Ratificamos, que el precio de la energía eléctrica que la CFE vende a LyFC, es sumamente caro. De
acuerdo a los estados financieros de LyFC, lo que se ésta destinó para este rubro a julio de 2009,
es del orden de los $54, 797, 683.1 millones de pesos. Precisamente, las transferencias a LyFC a las
que hace alusión Calderón, es para el pago de la energía en bloque a CFE, y nunca, para el pago de
salarios y prestaciones de los trabajadores electricistas, como mentirosamente pretende hacer
creer el titular del ejecutivo.
La administración de Felipe Calderón en sus casi tres años de gobierno ha impactado
negativamente a la población mexicana: 5 millones 600 mil trabajadores ganan hasta un salario
mínimo, sin que con ello, puedan adquirir la canasta alimenticia básica; 19 millones de habitantes
se encuentran en pobreza alimentaria en nuestro país, es decir, ni destinando todo su ingreso
familiar, les alcanza para comer; en contraste, 10 familias pertenecen a la lista de Forbes, por ser
los hombres más ricos del planeta; el desempleo es creciente, ubicándolo algunos expertos en el
orden de los diez millones de desempleados; además se propone, de parte de la Secretaría de
Hacienda, aumentar los impuestos, y aplicar estos, a alimentos y medicinas.
Ahora, como cereza del pastel, Calderón pretende liquidar a LyFC, disponiendo de esta empresa
como si fuera propiedad del Gobierno Federal, cuando el párrafo sexto del artículo 27 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Industria Eléctrica es
propiedad de la Nación. De manera inconstitucional, Calderón emite el decreto de extinción de
LyFC, sin consultar al Congreso de la Unión, quien tiene facultades para legislar en materia de
Energía Eléctrica, tal y como lo establece, el inciso a), numeral 5, fracción XXIX-A, del artículo 73 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo que oculta Felipe Calderón es que, detrás de este decreto de extinción de LyFC, está el interés
de privatizar a la Industria Eléctrica Nacionalizada. Esta decisión está orquestada por empresas
trasnacionales, que como Iberdrola, Mitsubishi, Unión Fenosa, etc., ven a la Industria Eléctrica
como un apetecible banquete, y así coronar el avance que han tenido en materia de generación
eléctrica. A la fecha la Comisión Reguladora de Energía ha otorgado inconstitucionalmente a
particulares 772 permisos (a julio de 2009), lo que representa que se encuentra en manos del
capital privado cerca del 35 % de la capacidad instalada de generación, lo cual constituye en los
hechos, un proceso de privatización furtiva en materia de generación eléctrica, esos son los
hechos, no palabras.
Este es el panorama de nuestra Nación, generado por la aplicación de un modelo económico que
ha fracasado a nivel mundial y que el gobierno mexicano sigue aplicándolo por medio de la fuerza
y la represión. Por estas razones, el SME hace le siguiente llamado al pueblo de México:
Exigimos al Gobierno Federal la derogación del decreto por el que se extingue a Luz y Fuerza del
Centro, emitido por Calderón Hinojosa, el 11 de Octubre de 2009.
Asimismo, exigimos la devolución de todas las instalaciones de LyFC, a los trabajadores
agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas, tomadas de manera represiva e ilegal por la
Policía Federal Preventiva.
Convocamos a todas las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, populares, a los usuarios y
a la población en general, a rechazar la liquidación de LyFC, y en congruencia con ello, a Formar un
gran Frente Nacional la defensa de la Legalidad Constitucional, de la Soberanía Nacional y de los
Contratos Colectivos de Trabajo.
Responsabilizamos a Felipe Calderón, a Agustín Carstens Carstens, Secretario de Hacienda, a
Georgina Kessell, Secretaria de Energía y a Javier Lozano Alarcón, Secretario del Trabajo, de las
interrupciones y disturbios, que puedan ocasionarse en el suministro de energía eléctrica,
derivado de la toma de las instalaciones por el gobierno federal.
Invitamos a todos los mexicanos dignos y hartos de las políticas que sólo los han empobrecido, a
participar en la gran Jornada Nacional en defensa de la Soberanía Energética, el Patrimonio
Nacional, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, que llevaremos a cabo
este próximo jueves 15 de Octubre, a partir de las 16 horas del Ángel de la independencia al
Zócalo.
¡La Patria no se vende, la Soberanía se defiende!
¡Unidad popular ante el neoliberalismo depredador!
¡Todos a defender a las empresas públicas, propiedad de la Nación!
Fraternalmente
“Por el derecho y la justicia del trabajador”
México, D.F., a 11 de Octubre de 2009.
COMITÉ CENTRAL
COMISIONES AUTÓNOMAS
SUBCOMITÉS DIVISIONALES
COMISIÓN DE TRABAJO
Responsable de la publicación Fernando Amezcua Castillo
Al Pueblo de México
Con la ilegalidad que ha distinguido a su gobierno, Felipe Calderón Hinojosa emitió un “decreto de
extinción” para Luz y Fuerza del Centro, y al mismo tiempo, para intentar liquidar a los
trabajadores electricistas que prestamos el servicio en esta empresa. Por instrucciones
presidenciales y con lujo de violencia, como en los mejores tiempos de Díaz Ordaz, la Policía
Federal Preventiva tomó por la fuerza, la noche del sábado 10 de octubre las instalaciones de
LyFC.
Los “argumentos centrales” del titular del ejecutivo para decretar la extinción de LyFC son, que
desde su creación este organismo descentralizado “no ha cesado de recibir transferencias
presupuestales cuantiosas” y que para el presente ejercicio dichas transferencias “serán del orden
de 41, 945 millones de pesos”
Asimismo, se afirma en el citado decreto, que uno de los problemas financieros de LyFC es el
porcentaje de pérdidas totales de energía, que según cálculos gubernamentales es de alrededor
del 30.6%, al mes de Junio de 2009. Como “solución” a esta situación el titular del ejecutivo
decreta la extinción de la empresa, “garantizando” el respeto a “los derechos laborales de los
trabajadores y jubilados de Luz y Fuerza del Centro”
Por la gravedad de este asunto, y por constituir un intento de golpe, no sólo a los trabajadores del
Sindicato Mexicano de Electricistas sino al Pueblo de México, quien es el verdadero propietario de
la Industria Eléctrica, nuestra organización, hace las siguientes precisiones:
LyFC, como parte del Sector Eléctrico Nacionalizado, atiende aproximadamente a más de seis
millones de usuarios en la zona central del país. Desde años atrás, el SME ha denunciado ante la
opinión pública, que de manera deliberada sucesivos gobiernos federales establecieron una
política de descapitalización de nuestra empresa, a través de diversas maniobras. Por ejemplo:
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es quien está facultada por la Ley del Servicio Público
de Energía Eléctrica, para fijar y reestructurar los precios de las tarifas eléctricas. Hacienda ha
desarrollado una política de altos subsidios a los grandes empresarios, quienes utilizan el fluido
para hacer negocio y aumentar sus altísimas ganancias. Baste mencionar que en promedio, el
Kw/hora les cuesta a los grandes empresarios 88 centavos, mientras a los usuarios domésticos que
constituyen la mayoría de consumidores en nuestro país, se les vende a 97 centavos el Kw/hora.
Esta transferencia de valor a los grandes empresarios, ha descapitalizado gravemente a LyFC, dado
que a los grandes empresarios la energía eléctrica se les vende muy por debajo de su valor real, pudiéndolo pagar a sus precio real. Este hecho, muestra la posición pro empresarial de la
Secretaria de Hacienda, en detrimento de las finanzas de una empresa pública como lo es LyFC.
En relación a las transferencias presupuestales que ha recibido LyFC, afirmamos tajantemente que
estas no son destinadas a salarios y prestaciones de los trabajadores del SME, como asegura
mentirosamente Calderón. Estas transferencias se destinan para que LyFC, compre energía
eléctrica en bloque a Comisión Federal de Electricidad (CFE), dado que desde 1975 por decisión
gubernamental, no se ha permitido que nuestra empresa creciera en capacidad de generación, y
por lo tanto, que tengamos la necesidad de comprar energía en bloque a la CFE.
Ratificamos, que el precio de la energía eléctrica que la CFE vende a LyFC, es sumamente caro. De
acuerdo a los estados financieros de LyFC, lo que se ésta destinó para este rubro a julio de 2009,
es del orden de los $54, 797, 683.1 millones de pesos. Precisamente, las transferencias a LyFC a las
que hace alusión Calderón, es para el pago de la energía en bloque a CFE, y nunca, para el pago de
salarios y prestaciones de los trabajadores electricistas, como mentirosamente pretende hacer
creer el titular del ejecutivo.
La administración de Felipe Calderón en sus casi tres años de gobierno ha impactado
negativamente a la población mexicana: 5 millones 600 mil trabajadores ganan hasta un salario
mínimo, sin que con ello, puedan adquirir la canasta alimenticia básica; 19 millones de habitantes
se encuentran en pobreza alimentaria en nuestro país, es decir, ni destinando todo su ingreso
familiar, les alcanza para comer; en contraste, 10 familias pertenecen a la lista de Forbes, por ser
los hombres más ricos del planeta; el desempleo es creciente, ubicándolo algunos expertos en el
orden de los diez millones de desempleados; además se propone, de parte de la Secretaría de
Hacienda, aumentar los impuestos, y aplicar estos, a alimentos y medicinas.
Ahora, como cereza del pastel, Calderón pretende liquidar a LyFC, disponiendo de esta empresa
como si fuera propiedad del Gobierno Federal, cuando el párrafo sexto del artículo 27 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Industria Eléctrica es
propiedad de la Nación. De manera inconstitucional, Calderón emite el decreto de extinción de
LyFC, sin consultar al Congreso de la Unión, quien tiene facultades para legislar en materia de
Energía Eléctrica, tal y como lo establece, el inciso a), numeral 5, fracción XXIX-A, del artículo 73 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo que oculta Felipe Calderón es que, detrás de este decreto de extinción de LyFC, está el interés
de privatizar a la Industria Eléctrica Nacionalizada. Esta decisión está orquestada por empresas
trasnacionales, que como Iberdrola, Mitsubishi, Unión Fenosa, etc., ven a la Industria Eléctrica
como un apetecible banquete, y así coronar el avance que han tenido en materia de generación
eléctrica. A la fecha la Comisión Reguladora de Energía ha otorgado inconstitucionalmente a
particulares 772 permisos (a julio de 2009), lo que representa que se encuentra en manos del
capital privado cerca del 35 % de la capacidad instalada de generación, lo cual constituye en los
hechos, un proceso de privatización furtiva en materia de generación eléctrica, esos son los
hechos, no palabras.
Este es el panorama de nuestra Nación, generado por la aplicación de un modelo económico que
ha fracasado a nivel mundial y que el gobierno mexicano sigue aplicándolo por medio de la fuerza
y la represión. Por estas razones, el SME hace le siguiente llamado al pueblo de México:
Exigimos al Gobierno Federal la derogación del decreto por el que se extingue a Luz y Fuerza del
Centro, emitido por Calderón Hinojosa, el 11 de Octubre de 2009.
Asimismo, exigimos la devolución de todas las instalaciones de LyFC, a los trabajadores
agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas, tomadas de manera represiva e ilegal por la
Policía Federal Preventiva.
Convocamos a todas las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, populares, a los usuarios y
a la población en general, a rechazar la liquidación de LyFC, y en congruencia con ello, a Formar un
gran Frente Nacional la defensa de la Legalidad Constitucional, de la Soberanía Nacional y de los
Contratos Colectivos de Trabajo.
Responsabilizamos a Felipe Calderón, a Agustín Carstens Carstens, Secretario de Hacienda, a
Georgina Kessell, Secretaria de Energía y a Javier Lozano Alarcón, Secretario del Trabajo, de las
interrupciones y disturbios, que puedan ocasionarse en el suministro de energía eléctrica,
derivado de la toma de las instalaciones por el gobierno federal.
Invitamos a todos los mexicanos dignos y hartos de las políticas que sólo los han empobrecido, a
participar en la gran Jornada Nacional en defensa de la Soberanía Energética, el Patrimonio
Nacional, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, que llevaremos a cabo
este próximo jueves 15 de Octubre, a partir de las 16 horas del Ángel de la independencia al
Zócalo.
¡La Patria no se vende, la Soberanía se defiende!
¡Unidad popular ante el neoliberalismo depredador!
¡Todos a defender a las empresas públicas, propiedad de la Nación!
Fraternalmente
“Por el derecho y la justicia del trabajador”
México, D.F., a 11 de Octubre de 2009.
COMITÉ CENTRAL
COMISIONES AUTÓNOMAS
SUBCOMITÉS DIVISIONALES
COMISIÓN DE TRABAJO
Responsable de la publicación Fernando Amezcua Castillo
miércoles 9 de septiembre de 2009
Chávez Chávez "encubrió a banda de asaltabancos"
miércoles, 9 septiembre 2009
EL NORTE DE CIUDAD JUAREZ
Encubrió a banda de asaltabancos
Jesús Batista
Durante su etapa como procurador general de Justicia del Estado, bajo la administración de Francisco Barrio Terrazas, Arturo Chávez Chávez, propuesto por el presidente Felipe Calderón para ocupar la Procuraduría General de la República, encubrió a una banda de asaltabancos encabezada por el precandidato a diputado federal por el PAN, Luis Humberto Prieto Tovalí, quien tenía antecedentes penales desde 1996.
Luego de haber sido acusado públicamente de encubrir a una banda de asaltabancos que fue desmembrada en 1997, el entonces procurador Arturo Chávez Chávez manifestó haber actuado de buena fe, pero solicitó que si existía algo en su contra se procediera conforme a Derecho.
En ese tiempo los señalamientos también fueron dirigidos en contra del ex jefe de la Policía Judicial del Estado, Heriberto Lachica y a ex dirigentes del Comité Municipal del Partido de Acción Nacional de Chihuahua, en particular contra su entonces dirigente, Eduardo Turati Álvarez.
La banda fue desintegrada luego de un atraco en la ciudad de Aldama en 1997, pero la información no salió a la luz pública.
Los datos fueron deliberadamente ocultados al público en ese tiempo por el procurador Arturo Chávez Chávez, pero tiempo luego la información fue corroborada en ese entonces por el vocero de la dependencia, Víctor González Castro.
La banda que era liderada por Luis Humberto Prieto Tovalí, al que le aparecieron antecedentes penales en la Procuraduría General de Justicia en el año 1996, por haber sido detenido y puesto en libertad rápidamente por “robo, tentativa de homicidio y omisión de cuidados”, había informado Víctor González.
La información fue publicada en los periódicos de la capital el 12 de diciembre de 1996, donde indicaron que cuatro integrantes de una “banda bien organizada de asaltantes” había cometido 20 asaltos en Chihuahua y en otras poblaciones del sur de la entidad, siendo capturados en el municipio de Delicias por agentes de la Policía Judicial del Estado, pero fueron puestos en libertad.
Sobre estos mismos hechos, el entonces director operativo de la Policía Judicial del Estado, Heriberto Lachica Hernández, negó proporcionar los nombres de todos los presuntos integrantes, al momento de su captura en este municipio, dicha información sobre las investigaciones jamás fueron hechas públicas por quienes entonces tenían el control de la PGJE.
Los asaltos continuaron sin que autoridades de la dependencia estatal hicieran nada al respecto, ya que un agente de la Policía Judicial, cuyo nombre no se publicó por razones de seguridad en ese tiempo, recordó que las investigaciones surgían datos suficientes como para dar con el paradero de los delincuentes, pero extrañamente no se le daba seguimiento.
Menciona inclusive una nota publicada en NORTE el 19 de enero de 1996, donde se concluye que varios asaltos ocurridos en Ciudad Juárez, fueron liderados por un joven de unos 35 años de edad.
De acuerdo a la hipótesis manejada, se trataba de un grupo subversivo y de la persona que comandaba la banda podría ser quien adoctrinaba a los jóvenes integrantes, cuyas edades fluctuaban entre los 18 y 25 años de edad.
Finalmente un año más tarde, los agentes judiciales descubrieron quién dirigía la peligrosa banda, porque en un asalto a un banco de ciudad Aldama, los atracadores cometieron el “error” de robar a unos metros de la comandancia de la Judicial Estatal y de lesionar a balazos al entonces comandante de robos, Samuel Hernández, quien durante días estuvo al borde de la muerte.
El enfrentamiento se suscitó el 18 de septiembre de 1997, cuando la banda de asaltabancos cometió el atraco en el Banco Confía del municipio de Aldama, donde aparte de dos asaltantes, también resultó herido el citado comandante de la PJE.
El asalto se cometió alrededor de la 13:00 horas, cuando un individuo joven, que vestía chamarra rompevientos y portaba casco para motocicleta, ingresó a la sucursal bancaria, donde amagó a los empleados con una pistola escuadra calibre nueve milímetros.
Según el entonces vocero de la Procuraduría de Justicia de la zona centro, Aurelio Meléndez, dijo que el individuo se llevó 120 mil pesos de la bóveda del banco y mientras salía era protegido por otros tres delincuentes.
Los asaltantes huyeron en una moto Honda y en una camioneta tipo Cherokee misma que fue alcanzada por judiciales, iniciándose una balacera y dejando como saldo tres heridos, incluido el comandante Saúl Hernández.
Dos de los cuatro atracadores lograron darse a la fuga en un carro Grand Marquis que luego fue localizado “abandonado” en el centro de ciudad Aldama.
Al momento de su detención, Luis Humberto Prieto Tovalí fue herido de dos disparos producidos por las armas de agentes judiciales y dijo llamarse Sergio Núñez, mientras que su compañero también lesionado admitió ser Arturo Chávez Valdez.
En la escena del enfrentamiento, los policías localizaron dos armas de fuego, un fusil AK-47, con dos cargadores abastecidos, una pistola escuadra calibre nueve milímetros y una bolsa con el dinero que sustrajeron de la sucursal bancaria.
En el operativo participaron además de tres avionetas en la que varios judiciales se daban a la tarea de buscar el Grand Marquis, que primero se había perdido por unas brechas del municipio de Aldama donde hasta a una patrulla de la Judicial se volcó durante la persecución.
En fotografías obtenidas en la investigación periodística de NORTE se pudo verificar que efectivamente, los asaltabancos traían chalecos antibalas y varios radios transmisores muy similares a los que usaban los agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Toda esta información inexplicablemente fue ocultada a los medios de comunicación por el entonces procurador, Arturo Chávez Chávez, quien ordenó a sus subordinados no emitir dato alguno a los periodistas.
Posteriormente se pudo saber que el líder de la banda era el joven Luis Humberto Prieto Tovalí, ingeniero metalúrgico egresado del Instituto Tecnológico número uno de la capital, ex presidente de la sociedad de alumnos de dicha institución educativa y quien se encontraba recluido en el Cereso de la capital, según confirmó en ese entonces el subdirector Luis Rodríguez.
La Procuraduría General de Justicia del Estado, informó que Luis Humberto Prieto Tovalí se encontraba sujeto a proceso penal por haber participado en el asalto al Banco Confía de Aldama, ocurrido el 18 de septiembre de 1997.
En el último año del sexenio de Francisco Barrio, el entonces vocero de la PGJE, Héctor Valles Rivas también confirmó que en una reunión sostenida por varios funcionarios de la Procuraduría, dijo que el entonces titular de la dependencia, Arturo Chávez Chávez, pidió de manera especial que los reporteros de los diferentes medios de comunicación no tuvieran acceso a los datos.
Aceptó que la investigación realizada por NORTE al respecto y haber sido publicada el 27 de febrero de 1999, fue real en todos sus términos, pues ex funcionarios de la Procuraduría pidieron de manera expresa que no se diera a conocer nada sobre la detención de la banda de asaltabancos encabezada por Luis Humberto Prieto Tovalí, ex precandidato a diputados federal por el PAN.
El 16 de septiembre de 1999, dos años después del atraco al banco, el juez Segundo de lo Penal, Octavio Rodríguez, sentenció a Luis Humberto Prieto Tovalí y a Arturo Chávez Valdez a una pena de 8 años y 4 meses de prisión.
Prieto Tovalí se inconformó con la resolución del juez Segundo de lo Penal, el cual recurrió a un amparo contra la sentencia.
Sin embargo, el juez Octavo de lo Penal, Bernardino Medina, indicó que Luis Humberto Prieto Tovalí y Arturo Chávez aparecieron como participantes en tres robos a bancos de la empresa Bital que cometieron entre los años 1996 y 1997, por lo que fueron procesados.
SE LE VINCULA A PRIETO
TOVALÍ CON IDEOLOGÍA
DEL DHIAC-YUNKE
Los antecedentes de Luis Humberto Prieto Tovalí ya se traían desde 1996, cuando fue impulsado a una candidatura a diputado federal del PAN en el año de 1997, por el entonces dirigente de este instituto político Eduardo Turati Álvarez, cuyas ligas con el MURO-DHIAC-YUNKE, habían sido divulgadas por diversos medios de comunicación locales y nacionales.
En la edición publicada del 29 de marzo de 1997 de El Heraldo de Chihuahua, en último momento, el Comité Municipal del PAN registró a Prieto Tovalí como aspirante a candidato a diputado federal por el VIII distrito.
En su fórmula llevaba de compañera a Leticia Macías (esposa del entonces ex regidor del Ayuntamiento de Chihuahua, Carlos Borruel Baquera, ahora alcalde de la capital, quien también participó en el ocultamiento de esta información sobre el caso), además fue el tercer aspirante registrado en forma en el Comité Municipal, como lo fueron en su caso José Mario Rodríguez y Felipe Colomo Castro, informó el periódico.
Posteriormente el ex precandidato a diputado federal Prieto Tovalí, ya contaba con antecedentes penales en su contra y su carrera delictiva ya estaba en apogeo, hasta ser detenido, en septiembre de 1997, cuando cayó en la balacera en el municipio de Aldama.
En el año de 1995, Prieto Tovalí, apareció como socio en una empresa junto a Manuel Soledad Villanueva, quien en ese entonces fungía como consejero estatal del PAN y funcionario de primer nivel de la Procuraduría General de Justicia del Estado, junto a Miguel Carreón Chávez quien fuera secretario general del PAN en la capital.
Ya en este tiempo Luis Humberto Prieto andaba asaltando bancos en diversos municipios.
Es preciso señalar que Manuel Soledad Villanueva, fungió como tesorero municipal de Chihuahua, en el gobierno del hoy edil capitalino Carlos Borruel Baquera.
En el Registro Público de la Propiedad, consta en la página 93, inscripción 2222 del libro número 667 (sección Comercio), que el primero de junio de 1995 quedó constituida la empresa Servicios de Impresión del Norte, sociedad de responsabilidad limitada, que tenía su domicilio en la calle Independencia, número 5400 de la capital.
Manuel Soledad Villanueva giró instrucciones para que esta empresa fuera quien hiciera los trabajos a la PGJE, es decir, elaborara e imprimiera formas fiscales, comensales, sociales, etiquetas y artículos, ya que contenía barato los presupuestos.
La empresa también recibió y proporcionó asistencia técnica e industrial a la industria de la artes gráficas y de brindar asesoría en materia laboral, fiscal y contable.
El capital inicial de esta empresa fue de 130 mil pesos, que fueron puestos 65 y 65 por Luis Humberto Prieto Tovalí, Miguel Carreón Chávez, mientras que Manuel Soledad Villanueva fue designado comisario, los tres estaban identificados en el PAN con el DHIAC-YUNKE.
NORTE en ese tiempo pudo comprobar que dicha empresa hacía trabajos para la Procuraduría estatal, no obstante que uno de los socios, Manuel Soledad, era el jefe del Departamento Administrativo y Prieto contaba con antecedentes penales.
FIGURAS POLÍTICAS EXIGIERON AL EX PROCURADOR
ACLARACIÓN DE LOS HECHOS
Varias figuras de funcionarios panistas en ese momento concluyeron que en cuanto al encubrimiento funcionarios públicos en la operación de la banda de asaltabancos, debió responder el ex procurador Arturo Chávez Chávez.
El dirigente perredista estatal en ese entonces, Víctor Orozco exigió una investigación completa sobre la responsabilidad penal de todos los involucrados de la banda.
También el perredista Pablo Gómez Caballero coincidió en señalar que no deberían quedar impunes los implicados debido a la gravedad de las circunstancias donde gente cercana al ex gobernador Francisco Barrio Terrazas estaba involucrada en la operación de la banda.
Por su parte, el también entonces diputado federal Carlos Camacho Alcázar, también exigió una denuncia pública siempre y cuando existieran elementos para hacerlo. También se mencionó que el ex procurador Arturo Chávez Chávez y Leticia Macías, el regidor entonces Carlos Borruel Baquera, fueron de las figuras que ocultaron información respecto a la operación de la banda manejada por Prieto Tovalí.
EL NORTE DE CIUDAD JUAREZ
Encubrió a banda de asaltabancos
Jesús Batista
Durante su etapa como procurador general de Justicia del Estado, bajo la administración de Francisco Barrio Terrazas, Arturo Chávez Chávez, propuesto por el presidente Felipe Calderón para ocupar la Procuraduría General de la República, encubrió a una banda de asaltabancos encabezada por el precandidato a diputado federal por el PAN, Luis Humberto Prieto Tovalí, quien tenía antecedentes penales desde 1996.
Luego de haber sido acusado públicamente de encubrir a una banda de asaltabancos que fue desmembrada en 1997, el entonces procurador Arturo Chávez Chávez manifestó haber actuado de buena fe, pero solicitó que si existía algo en su contra se procediera conforme a Derecho.
En ese tiempo los señalamientos también fueron dirigidos en contra del ex jefe de la Policía Judicial del Estado, Heriberto Lachica y a ex dirigentes del Comité Municipal del Partido de Acción Nacional de Chihuahua, en particular contra su entonces dirigente, Eduardo Turati Álvarez.
La banda fue desintegrada luego de un atraco en la ciudad de Aldama en 1997, pero la información no salió a la luz pública.
Los datos fueron deliberadamente ocultados al público en ese tiempo por el procurador Arturo Chávez Chávez, pero tiempo luego la información fue corroborada en ese entonces por el vocero de la dependencia, Víctor González Castro.
La banda que era liderada por Luis Humberto Prieto Tovalí, al que le aparecieron antecedentes penales en la Procuraduría General de Justicia en el año 1996, por haber sido detenido y puesto en libertad rápidamente por “robo, tentativa de homicidio y omisión de cuidados”, había informado Víctor González.
La información fue publicada en los periódicos de la capital el 12 de diciembre de 1996, donde indicaron que cuatro integrantes de una “banda bien organizada de asaltantes” había cometido 20 asaltos en Chihuahua y en otras poblaciones del sur de la entidad, siendo capturados en el municipio de Delicias por agentes de la Policía Judicial del Estado, pero fueron puestos en libertad.
Sobre estos mismos hechos, el entonces director operativo de la Policía Judicial del Estado, Heriberto Lachica Hernández, negó proporcionar los nombres de todos los presuntos integrantes, al momento de su captura en este municipio, dicha información sobre las investigaciones jamás fueron hechas públicas por quienes entonces tenían el control de la PGJE.
Los asaltos continuaron sin que autoridades de la dependencia estatal hicieran nada al respecto, ya que un agente de la Policía Judicial, cuyo nombre no se publicó por razones de seguridad en ese tiempo, recordó que las investigaciones surgían datos suficientes como para dar con el paradero de los delincuentes, pero extrañamente no se le daba seguimiento.
Menciona inclusive una nota publicada en NORTE el 19 de enero de 1996, donde se concluye que varios asaltos ocurridos en Ciudad Juárez, fueron liderados por un joven de unos 35 años de edad.
De acuerdo a la hipótesis manejada, se trataba de un grupo subversivo y de la persona que comandaba la banda podría ser quien adoctrinaba a los jóvenes integrantes, cuyas edades fluctuaban entre los 18 y 25 años de edad.
Finalmente un año más tarde, los agentes judiciales descubrieron quién dirigía la peligrosa banda, porque en un asalto a un banco de ciudad Aldama, los atracadores cometieron el “error” de robar a unos metros de la comandancia de la Judicial Estatal y de lesionar a balazos al entonces comandante de robos, Samuel Hernández, quien durante días estuvo al borde de la muerte.
El enfrentamiento se suscitó el 18 de septiembre de 1997, cuando la banda de asaltabancos cometió el atraco en el Banco Confía del municipio de Aldama, donde aparte de dos asaltantes, también resultó herido el citado comandante de la PJE.
El asalto se cometió alrededor de la 13:00 horas, cuando un individuo joven, que vestía chamarra rompevientos y portaba casco para motocicleta, ingresó a la sucursal bancaria, donde amagó a los empleados con una pistola escuadra calibre nueve milímetros.
Según el entonces vocero de la Procuraduría de Justicia de la zona centro, Aurelio Meléndez, dijo que el individuo se llevó 120 mil pesos de la bóveda del banco y mientras salía era protegido por otros tres delincuentes.
Los asaltantes huyeron en una moto Honda y en una camioneta tipo Cherokee misma que fue alcanzada por judiciales, iniciándose una balacera y dejando como saldo tres heridos, incluido el comandante Saúl Hernández.
Dos de los cuatro atracadores lograron darse a la fuga en un carro Grand Marquis que luego fue localizado “abandonado” en el centro de ciudad Aldama.
Al momento de su detención, Luis Humberto Prieto Tovalí fue herido de dos disparos producidos por las armas de agentes judiciales y dijo llamarse Sergio Núñez, mientras que su compañero también lesionado admitió ser Arturo Chávez Valdez.
En la escena del enfrentamiento, los policías localizaron dos armas de fuego, un fusil AK-47, con dos cargadores abastecidos, una pistola escuadra calibre nueve milímetros y una bolsa con el dinero que sustrajeron de la sucursal bancaria.
En el operativo participaron además de tres avionetas en la que varios judiciales se daban a la tarea de buscar el Grand Marquis, que primero se había perdido por unas brechas del municipio de Aldama donde hasta a una patrulla de la Judicial se volcó durante la persecución.
En fotografías obtenidas en la investigación periodística de NORTE se pudo verificar que efectivamente, los asaltabancos traían chalecos antibalas y varios radios transmisores muy similares a los que usaban los agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Toda esta información inexplicablemente fue ocultada a los medios de comunicación por el entonces procurador, Arturo Chávez Chávez, quien ordenó a sus subordinados no emitir dato alguno a los periodistas.
Posteriormente se pudo saber que el líder de la banda era el joven Luis Humberto Prieto Tovalí, ingeniero metalúrgico egresado del Instituto Tecnológico número uno de la capital, ex presidente de la sociedad de alumnos de dicha institución educativa y quien se encontraba recluido en el Cereso de la capital, según confirmó en ese entonces el subdirector Luis Rodríguez.
La Procuraduría General de Justicia del Estado, informó que Luis Humberto Prieto Tovalí se encontraba sujeto a proceso penal por haber participado en el asalto al Banco Confía de Aldama, ocurrido el 18 de septiembre de 1997.
En el último año del sexenio de Francisco Barrio, el entonces vocero de la PGJE, Héctor Valles Rivas también confirmó que en una reunión sostenida por varios funcionarios de la Procuraduría, dijo que el entonces titular de la dependencia, Arturo Chávez Chávez, pidió de manera especial que los reporteros de los diferentes medios de comunicación no tuvieran acceso a los datos.
Aceptó que la investigación realizada por NORTE al respecto y haber sido publicada el 27 de febrero de 1999, fue real en todos sus términos, pues ex funcionarios de la Procuraduría pidieron de manera expresa que no se diera a conocer nada sobre la detención de la banda de asaltabancos encabezada por Luis Humberto Prieto Tovalí, ex precandidato a diputados federal por el PAN.
El 16 de septiembre de 1999, dos años después del atraco al banco, el juez Segundo de lo Penal, Octavio Rodríguez, sentenció a Luis Humberto Prieto Tovalí y a Arturo Chávez Valdez a una pena de 8 años y 4 meses de prisión.
Prieto Tovalí se inconformó con la resolución del juez Segundo de lo Penal, el cual recurrió a un amparo contra la sentencia.
Sin embargo, el juez Octavo de lo Penal, Bernardino Medina, indicó que Luis Humberto Prieto Tovalí y Arturo Chávez aparecieron como participantes en tres robos a bancos de la empresa Bital que cometieron entre los años 1996 y 1997, por lo que fueron procesados.
SE LE VINCULA A PRIETO
TOVALÍ CON IDEOLOGÍA
DEL DHIAC-YUNKE
Los antecedentes de Luis Humberto Prieto Tovalí ya se traían desde 1996, cuando fue impulsado a una candidatura a diputado federal del PAN en el año de 1997, por el entonces dirigente de este instituto político Eduardo Turati Álvarez, cuyas ligas con el MURO-DHIAC-YUNKE, habían sido divulgadas por diversos medios de comunicación locales y nacionales.
En la edición publicada del 29 de marzo de 1997 de El Heraldo de Chihuahua, en último momento, el Comité Municipal del PAN registró a Prieto Tovalí como aspirante a candidato a diputado federal por el VIII distrito.
En su fórmula llevaba de compañera a Leticia Macías (esposa del entonces ex regidor del Ayuntamiento de Chihuahua, Carlos Borruel Baquera, ahora alcalde de la capital, quien también participó en el ocultamiento de esta información sobre el caso), además fue el tercer aspirante registrado en forma en el Comité Municipal, como lo fueron en su caso José Mario Rodríguez y Felipe Colomo Castro, informó el periódico.
Posteriormente el ex precandidato a diputado federal Prieto Tovalí, ya contaba con antecedentes penales en su contra y su carrera delictiva ya estaba en apogeo, hasta ser detenido, en septiembre de 1997, cuando cayó en la balacera en el municipio de Aldama.
En el año de 1995, Prieto Tovalí, apareció como socio en una empresa junto a Manuel Soledad Villanueva, quien en ese entonces fungía como consejero estatal del PAN y funcionario de primer nivel de la Procuraduría General de Justicia del Estado, junto a Miguel Carreón Chávez quien fuera secretario general del PAN en la capital.
Ya en este tiempo Luis Humberto Prieto andaba asaltando bancos en diversos municipios.
Es preciso señalar que Manuel Soledad Villanueva, fungió como tesorero municipal de Chihuahua, en el gobierno del hoy edil capitalino Carlos Borruel Baquera.
En el Registro Público de la Propiedad, consta en la página 93, inscripción 2222 del libro número 667 (sección Comercio), que el primero de junio de 1995 quedó constituida la empresa Servicios de Impresión del Norte, sociedad de responsabilidad limitada, que tenía su domicilio en la calle Independencia, número 5400 de la capital.
Manuel Soledad Villanueva giró instrucciones para que esta empresa fuera quien hiciera los trabajos a la PGJE, es decir, elaborara e imprimiera formas fiscales, comensales, sociales, etiquetas y artículos, ya que contenía barato los presupuestos.
La empresa también recibió y proporcionó asistencia técnica e industrial a la industria de la artes gráficas y de brindar asesoría en materia laboral, fiscal y contable.
El capital inicial de esta empresa fue de 130 mil pesos, que fueron puestos 65 y 65 por Luis Humberto Prieto Tovalí, Miguel Carreón Chávez, mientras que Manuel Soledad Villanueva fue designado comisario, los tres estaban identificados en el PAN con el DHIAC-YUNKE.
NORTE en ese tiempo pudo comprobar que dicha empresa hacía trabajos para la Procuraduría estatal, no obstante que uno de los socios, Manuel Soledad, era el jefe del Departamento Administrativo y Prieto contaba con antecedentes penales.
FIGURAS POLÍTICAS EXIGIERON AL EX PROCURADOR
ACLARACIÓN DE LOS HECHOS
Varias figuras de funcionarios panistas en ese momento concluyeron que en cuanto al encubrimiento funcionarios públicos en la operación de la banda de asaltabancos, debió responder el ex procurador Arturo Chávez Chávez.
El dirigente perredista estatal en ese entonces, Víctor Orozco exigió una investigación completa sobre la responsabilidad penal de todos los involucrados de la banda.
También el perredista Pablo Gómez Caballero coincidió en señalar que no deberían quedar impunes los implicados debido a la gravedad de las circunstancias donde gente cercana al ex gobernador Francisco Barrio Terrazas estaba involucrada en la operación de la banda.
Por su parte, el también entonces diputado federal Carlos Camacho Alcázar, también exigió una denuncia pública siempre y cuando existieran elementos para hacerlo. También se mencionó que el ex procurador Arturo Chávez Chávez y Leticia Macías, el regidor entonces Carlos Borruel Baquera, fueron de las figuras que ocultaron información respecto a la operación de la banda manejada por Prieto Tovalí.
Tiene un negro historial (el candidato a procu, Chávez Chávez)
EL NORTE DE CIUDAD JUAREZ
Manuel E. Aguirre
Arturo Chávez Chávez Tiene un negro historial
Arturo Chávez Chávez cuenta con un largo historial de violaciones a los derechos humanos, acusaciones por múltiples negligencias cuando iniciaron los homicidios múltiples de mujeres y señalamientos por solapar a bandas de asaltabancos dirigidas por un ex precandidato a diputado muerfederal por el PAN.
Entre 1992 y 1999, Chávez Chávez ocupó diversos cargos en la Procuraduría General de Justicia en el Estado, incluidas la titularidad y la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) cuando en el país el procurador era el también panista Antonio Lozano Gracia. Actualmente, ambos personajes son socios de un lucrativo despacho jurídico que brinda servicios, entre otros, al Gobierno de la República.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, perteneciente a la Organización de Estados Americano (OEA) concluyó en 1999 que Chávez Chávez y varios funcionarios estatales más Bloquearon las investigaciones sobre personas desaparecidas en Juárez, entre ellos la del juarense Alfonso Saad Cordero, en 1998.
Ese mismo año, 1998, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pidió al entonces gobernador Francisco Barrio aplicara a Chávez Chávez la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos por las omisiones en que incurrió ante las violaciones y crímenes de más de 100 mujeres ocurridas en Ciudad Juárez entre 1993 y 1998. Todo fue debidamente documentado por la CNDH.
También la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió en 1997 una recomendación a Barrio para que sancionara a los funcionarios de la Procuraduría de Justicia responsables de agredir a un grupo de manifestantes del ejido Monterde. Tampoco esta recomendación fue atendida.
Chávez Chávez también solapó por esas mismas fechas a una banda de asaltabancos que operó en todo el estado y que era liderada por el entonces panista Luis Prieto Tovalí, ex precandidato a diputado federal por el blanquiazul en 1997. Cuando el delincuente y varios de sus cómplices fueron detenidos traían chalecos antibalas y armas pertenecientes a la Procuraduría de Justicia.
La información correspondiente de inicio fue ocultada por Chávez Chávez. Fue conocida públicamente hasta finales de febrero de 1999, tres años después de la detención.
Manuel E. Aguirre
Arturo Chávez Chávez Tiene un negro historial
Arturo Chávez Chávez cuenta con un largo historial de violaciones a los derechos humanos, acusaciones por múltiples negligencias cuando iniciaron los homicidios múltiples de mujeres y señalamientos por solapar a bandas de asaltabancos dirigidas por un ex precandidato a diputado muerfederal por el PAN.
Entre 1992 y 1999, Chávez Chávez ocupó diversos cargos en la Procuraduría General de Justicia en el Estado, incluidas la titularidad y la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) cuando en el país el procurador era el también panista Antonio Lozano Gracia. Actualmente, ambos personajes son socios de un lucrativo despacho jurídico que brinda servicios, entre otros, al Gobierno de la República.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, perteneciente a la Organización de Estados Americano (OEA) concluyó en 1999 que Chávez Chávez y varios funcionarios estatales más Bloquearon las investigaciones sobre personas desaparecidas en Juárez, entre ellos la del juarense Alfonso Saad Cordero, en 1998.
Ese mismo año, 1998, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pidió al entonces gobernador Francisco Barrio aplicara a Chávez Chávez la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos por las omisiones en que incurrió ante las violaciones y crímenes de más de 100 mujeres ocurridas en Ciudad Juárez entre 1993 y 1998. Todo fue debidamente documentado por la CNDH.
También la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió en 1997 una recomendación a Barrio para que sancionara a los funcionarios de la Procuraduría de Justicia responsables de agredir a un grupo de manifestantes del ejido Monterde. Tampoco esta recomendación fue atendida.
Chávez Chávez también solapó por esas mismas fechas a una banda de asaltabancos que operó en todo el estado y que era liderada por el entonces panista Luis Prieto Tovalí, ex precandidato a diputado federal por el blanquiazul en 1997. Cuando el delincuente y varios de sus cómplices fueron detenidos traían chalecos antibalas y armas pertenecientes a la Procuraduría de Justicia.
La información correspondiente de inicio fue ocultada por Chávez Chávez. Fue conocida públicamente hasta finales de febrero de 1999, tres años después de la detención.
jueves 2 de julio de 2009
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